Unos cuantos días después del 4 de julio de 2018, le pegaron un tiro a Zay Manning en las afueras de la tienda de la esquina de su vecindario en Bronzeville, la que siempre visitaba cuando crecía para comprar una botella de limonada y una bolsita de papas fritas picantes. Tenía 19 años y le encantaba ayudar a su hermano menor a producir música, seleccionar los ritmos, ajustando el sonido una barra a la vez. Un solo tiro que casi lo mata.
Durante su estadía en el hospital, los funcionarios policiales y los doctores le contaron sobre el Programa de Compensación a las Víctimas de Crímenes de Illinois, que utiliza dólares estatales y federales para reembolsar a las víctimas de crímenes violentos y a sus familiares por los gastos relacionados con lesiones. Manning presentó su solicitud, con la esperanza de recuperar algunos de los costos de sus facturas médicas y reemplazar la ropa destruida y ensangrentada en el tiroteo. Encontró que acceder al programa era difícil y confuso mientras a la vez iba y venía de las visitas constantes al hospital. “Era mucha la documentación, realmente no [la] comprendía”, dijo Manning. “Me desanimé”.
Más de un año después de haber presentado su reclamación, Manning está en una situación similar a la mayoría de los solicitantes del programa.
Sin un solo centavo de compensación.
El programa gubernamental que se supone ayuda a suavizar el impacto de ser una víctima de crímenes en gran medida no lo hace, según lo que encontró la investigación hecha por The Trace.
Pocas personas presentan su solicitad al programa. Muchas menos terminan obteniendo la ayuda financiera. Usando registros obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información, The Trace analizó casi 15,000 reclamaciones procesadas por el programa estatal de compensación a víctimas entre 2015 y 2020. Menos de cuatro de cada 10 solicitantes obtuvieron algún reembolso de dinero.
Y eso es solo entre los que presentaron su solicitud. Muchas personas ni siquiera están al tanto de que el programa existe, The Trace encontró. En Chicago, solo se presentó una solicitud por cada 50 crímenes violentos durante el período de tiempo revisado.
La mayoría de las reclamaciones fueron negadas o clasificadas como “concedido sin paga”, una designación que significa que alguien técnicamente califica para obtener el dinero pero que, en muchos casos, un analista no ha podido verificar todos los detalles necesarios de la solicitud.
Para examinar cómo funciona el programa, The Trace entrevistó a casi 50 sobrevivientes, familiares, investigadores, defensores y funcionarios gubernamentales y encontró que los problemas estriban en gran medida en estos tres factores:
- Criterios de calificación estrictos
- Requisitos de solicitud que requieren mucho esfuerzo
- Insuficiente apoyo de las agencias gubernamentales.
El programa cuenta con poco personal y a los defensores e investigadores les preocupa que el proceso de solicitud pueda volver a traumatizar a las víctimas al obligarlas a probar nuevamente que han sufrido. Aún más, puede tomar años para que el estado decida si paga o no por una reclamación, que en algunos casos deja a las víctimas de crímenes en deuda por cosas como cuidados médicos por sus lesiones.
Las necesidades de las víctimas se incrementaron durante la pandemia de covid-19, a medida que la violencia armada en Illinois y a lo largo del país se incrementó a niveles históricos junto con una subida en el desempleo y la inseguridad habitacional.
“Si lo mejor que tenemos es compensación a víctimas de crímenes, entonces no tenemos mucho”, dijo John Maki, un director con la Alianza para la Seguridad y la Justicia, y un defensor de hace tiempo de la reforma del programa de reembolso. “Es un servicio con mucho potencial, pero el potencial está por demás lejos de realizarse”.
A principios de este año, el órgano legislativo de Illinois aprobó un proyecto de ley que ultimadamente hará que más personas califiquen para obtener la compensación y también incrementará el límite de reembolso. Pero los defensores dicen que estos cambios no pueden llegar lo suficientemente pronto y aun podrían dejar grandes deficiencias en los servicios a personas que el programa ayuda.
Un representante de la oficina del procurador general Kwame Raoul, que lidera el programa ante el Tribunal de Reclamaciones, dijo que no podían dar respuesta a problemas relativos a la compensación a víctimas de casos anteriores a que Raoul asumió el cargo en 2019. En vez de ello, señalaron cambios que la oficina ha implementado que pueden tomar años en reflejarse en los datos de éxito del programa.
Defectuoso desde el principio
Cada estado tiene un programa para compensar a las víctimas de crímenes y cada uno opera de manera diferente. Bajo la Ley Federal de Víctimas de Crímenes, (Victims of Crime Act o VOCA por sus siglas en inglés), el congreso dispensa millones cada año para ayudar a financiar esos esfuerzos.
Un informe federal de hace más de una década sobre servicios a víctimas muestra la filosofía que influenció este esquema, diciendo: “Se han pasado por alto a las víctimas inocentes de crímenes, sus ruegos por justicia pasan desapercibidos y no se han atendido sus heridas personales, emocionales y financieras.
Cuando los legisladores de Illinois aprobaron la Ley de Compensación a Víctimas de Crímenes con apoyo bipartidista en 1973, hicieron que el estado fuera uno de los primeros en hacerlo. Unos cuantos años más tarde, un informe en la revista Loyola University Chicago Law Journal denunció vehementemente la “redacción inadecuada” de la ley, resaltando que pocas reclamaciones habían sido solicitadas en los primeros dos años del programa.
Un informe de 2019 realizado por 11 grupos antiviolencia y defensores se hicieron eco de esto y señalaron que Illinois tenía una de las tasas más bajas de solicitudes en el país.
En Illinois, el programa de compensación a víctimas tiene alrededor de $6 millones de presupuesto anual, la mayoría de los fondos vienen del estado. Para recibir compensación del programa, las personas deben ser víctimas de un crimen que ocurrió en Illinois y deben presentar la solicitud dentro de los dos años siguientes al incidente. También deben reportar el crimen a la policía y cooperar con las fuerzas policiales y el programa de compensación de víctimas.
Los familiares, incluyendo cónyuges e hijos, pueden presentar también la solicitud para cubrir gastos relacionados que han realizado. Pero las personas tienen que gastar su dinero antes de solicitar el reembolso y el programa no reembolsará lo que el seguro ya ha cubierto.
Puede resultar que los solicitantes no califiquen si el personal del programa determina que se lesionaron o fallecieron mientras cometían un delito o de otra manera contribuyeron de alguna forma en convertirse víctimas de un crimen. Y no se puede compensar a los que estén en libertad condicional o en prisión hasta que sean liberados.
A finales de junio, la oficina del Procurador General, que valida las reclamaciones, tenía apenas un poco más de una docena de analistas dedicados a procesar miles de reclamaciones presentadas cada año. Entrevistan a víctimas, confirman gastos relacionados con la lesión y recolectan informes de las fuerzas policiales para determinar si se califica para la asistencia.
Una vez que el analista hace una recomendación, se envía la solicitud al Tribunal de Reclamaciones de Illinois, que dictamina sobre las reclamaciones monetarias en contra del estado. Si se aprueba la solicitud, la Oficina del Contralor General del estado emite un pago, por lo general con cheque.
Hay múltiples pasos en los cuales se le puede pedir a los solicitantes que proporcionen más documentación. Los analistas por lo general envían estas solicitudes por correo y los solicitantes tienen 30 días para responder.
Para sobrevivientes de crímenes violentos como Manning, la espera para que los analistas tomen una decisión puede sentirse como mirar dentro de un agujero negro. No pueden buscar el estado de su reclamación en línea como se hace en Indiana y Tennessee. El proceso de Illinois se hace mayoritariamente a través del correo postal, no como en los estados vecinos que utilizan el teléfono y el correo electrónico.
Aunque la oficina del Procurador General es el ente clave, cuatro entidades estatales están involucradas en el proceso de solicitud en Illinois desde su inicio hasta su fin, en vez de sólo una entidad como en otros estados.
Reglas, escritas y no escritas
Mientras que los números generales del programa muestran cómo pocas personas están obteniendo compensación por sus lesiones, es difícil identificar exactamente quién se beneficia. The Trace solicitó información sobre la demografía de solicitantes individuales, pero un ataque de ransomware vulneró la red de la oficina del Procurador General en abril. Informes hechos al gobierno federal muestran que de las solicitudes de Illinois que incluían la raza de la víctima, la mitad eran de raza negra y un porcentaje menor eran de raza blanca o latinos.
Raoul dijo que primero notó problemas con el programa de compensación a víctimas aproximadamente hace una década, cuando era un senador estatal.
“Hay una incapacidad de contestar la pregunta de, hasta qué extensión, los recursos iban a las comunidades más victimizadas”, dijo Raoul a principios de este año. “Había una percepción de que había poca probabilidad de que alguien que fuera de raza negra o mestiza y de sexo masculino calificaría para obtener los recursos. Había reglas, escritas y no escritas, en relación con lo que a uno lo descalificaría para obtener la compensación.
La agencia a cargo de Raoul ha suavizado algunas de las reglas estrictas del estado sobre quién califica, dijo el funcionario. También ha exigido que los analistas se capaciten en lo relativo a información sobre traumas y ha conducido sesiones para escuchar sobre dónde hacer mejoras.
Los cambios que su oficina recomendó se reflejan en un proyecto de ley de reforma de justicia penal que los legisladores aprobaron este año. Las reformas amplían quienes pueden solicitar compensación de víctima, incrementan el total posible de reembolso a $45.000 y extienden la fecha límite de la solicitud a cinco años después de la fecha del crimen. El proyecto de ley, que entra en efecto a principios del año que viene, también traslada más responsabilidades a la oficina del Procurador General.
Pero expandir el límite no necesariamente significa que los sobrevivientes obtendrán más dinero. El promedio de reembolso bajo el programa ha sido de alrededor de $4,400, muestra el análisis, muy por debajo de la cantidad completa del límite financiero actual de $27,000.
Mientras tanto, ha tomado cada vez mucho más tiempo que los analistas comiencen a revisar reclamaciones, aunque el número de solicitudes ha disminuido. Desde 2015, el tiempo de espera se ha incrementado de pocos días, en promedio, a casi 50 durante la pandemia, dado que los analistas trabajaron desde su hogar. Entonces, ha tomado ocho meses, en promedio, decidir si aprobar cualquier reembolso.
“Rara vez he visto un caso que obtenga sus fondos en tres a seis meses”, dijo Edwin Martínez, un coordinador de salud mental en la zona sur (Southwest Side) de la ciudad.
Martínez asemeja el proceso a tener que argumentar un caso en tribunales.
“Tienes que explicar cómo esta lesión te afectado”, dijo. “Tienes que presentar la documentación de soporte. Eso realmente depende de la estabilidad [situación habitacional del solicitante] y qué tan informado está el cliente. ¿Tiene el reporte policial de su caso? ¿Tiene el reporte de incidente de su caso?”
Desconocimiento y confusión
Este verano en North Lawndale, un señor mayor, al que le dispararon en 1981, habló sobre cómo la bala que le pegaron hace cuatro décadas permanece incrustada en su columna vertebral. Estima que sus facturas médicas han llegado a los $80.000. No sabía que podría haber calificado para obtener un reembolso del estado para ayudarlo a cubrir estos gastos.
Más adelante en la calle donde él vive, otro hombre, al que le dispararon hace como una década, también estaba sorprendido al enterarse que el estado podría haberlo ayudado a pagar las facturas resultantes.
Para cada uno, la fecha límite para solicitar la compensación a víctimas ya ha vencido hace tiempo.
Se exige que los hospitales y la policía informen a las víctimas sobre la posible compensación. Pero The Trace encuestó a defensores de víctimas e hizo un muestreo de personas que viven en la zona sur South Side y la zona oeste West Side y encontró que pocas personas conocen que el programa existe.
Sólo alrededor de 3300 personas presentan su solicitud cada año. El mayor número de solicitudes ha venido de los vecindarios de Chicago que experimentan la mayor violencia, comunidades mayoritariamente de raza negra y latinos, incluyendo North Lawndale, Little Village, Austin, West Lawn, Roseland y Chatham. Pero en general, el porcentaje de víctimas de crímenes que buscan compensación es bajo. Desde 2015, sólo alrededor de una solicitud ha sido presentada por cada 50 crímenes violentos en la ciudad.
Además de una falta conocimiento, presentar la solicitud puede ser difícil. Teyonna Lofton aún está intentando comprender el proceso. Ella comenzó a tratar de entender cómo presentar su solicitud pronto después de que le pegaron un tiro el año pasado, justo días antes de su graduación de bachillerato, mientras la ciudad se convulsionaba en protestas después de que un funcionario policial mató a George Floyd.
“No comprendo cómo funciona la solicitud”, dijo ella. “No sé si la presenté o no”.
Ella dice que llamó recientemente a la línea de ayuda de la oficina del Procurador General para confirmar si su solicitud había sido presentada, pero se le dijo que la información no estaba disponible debido al ataque de ransomware.
Y una vez que alguien logra presentar la solicitud, la probabilidad de que se le apruebe el reembolso depende en gran medida del tipo del crimen. Los reembolsos correspondientes a delitos sexuales tienen menos probabilidad de aprobarse, en comparación con los de tipo de asalto y agresión y asesinatos, encontró The Trace.
La baja tasa de aprobaciones no sorprende a María Balata, una directora de Resilience, una organización de apoyo para sobrevivientes de delitos sexuales. Balata dice que su equipo intenta establecer expectativas realistas con los sobrevivientes acerca de las limitaciones del programa.
“Simplemente se ha convertido en un sistema complicado para nosotros para navegar con las víctimas”, dijo. “Habitualmente, es la burocracia la que hace que se perciba como inaccesible”. El motivo por el que las personas terminan sin obtener alguna compensación se debe con frecuencia a que un analista no pudo “sustanciar” una reclamación de una víctima de un crimen.
Es más probable que las reclamaciones sean designadas como “concedido sin paga” más que negadas directamente. Esto significa que cientos de solicitantes aún califican para recibir apoyo financiero, aunque a lo mejor no estén al tanto de ello.
Susan Catania es una de las promotoras aún con vida de la ley de Illinois. Casi 50 años después, la ex representante estatal del partido republicano de Chicago dice: “Estoy realmente horrorizada de que no muchas personas la conocen y la usan. Avanzar a través de la burocracia tiene que ser abrumador. Una víctima de cualquier crimen no necesita esa carga adicional, especialmente si finalmente le van a decir que por una razón burocrática no va a recibir ningún dinero”.
“Simplemente no es sano financieramente”
Una mañana reciente en Austin, Nhemya Ward estaba sentado en una sala de conferencia color verde limón en la funeraria Johnson Funeral Home mientras revisaba una copia de la solicitud de compensación a víctimas, un documento de cinco páginas que tiene más de 100 campos de información. Aunque la oficina del Procurador General colocó el formulario de solicitud en línea el año pasado, Ward aún usa la versión en papel.
Parte del trabajo de Ward es ayudar a los clientes de la funeraria a completar los formularios. Ella dice que la mayoría no puede costear los gastos inesperados de funerales imprevistos resultantes de los crímenes violentos.
Desde 2015, alrededor de una cuarta parte de todas las reclamaciones del programa estatal han sido para cubrir costos de funerales. El trabajo de Ward se le hace más difícil debido a los retrasos largos del estado en procesar las solicitudes. Dice que su funeraria exige que las familias paguen la mitad de los gastos por anticipado. La funeraria postergará los costos restantes con la esperanza de que la solicitud de reembolso de la familia sea aprobada.
Si no lo es, los sobrevivientes deben encontrar otra manera de obtener el dinero. “El motivo por el que lo dividimos 50/50 es debido a que la compensación a víctimas de crímenes no paga sino hasta dentro de dos años cierra “, dijo Ward. “Apenas ahora, están revisando nuestros casos de víctimas de crímenes de 2018 “. A principios de febrero, el análisis de The Trace encontró que habían al menos 14 reclamaciones pendientes desde el 2018 que fueron presentadas en el vecindario donde está la funeraria Ward.
Para combatir la incertidumbre, Johnson y otras funerarias vetan las posibles solicitudes que los clientes pueden presentar. “Tenía una familia que quería presentar la solicitud”, dijo Ward. “Les pregunté sobre los detalles de lo que pasó”.
Una madre le dijo a Ward que su hijo “fue a defender a un [pariente] y en el transcurso de eso, le dispararon y lo mataron. Eso desafortunadamente es un caso riesgoso, porque él fue a la casa de la persona”.
Ward dice que, con base en su experiencia, la oficina del Procurador General probablemente vería que las acciones del hombre como “culpa concurrente”, que significa que sus propias acciones jugaron un rol en su muerte. Desde el 2015, se han negado más de 600 reclamaciones por este motivo.
La funeraria de Ward comenzó a limitar este año el número de clientes que aceptará que dependen de la compensación a víctimas de crímenes.
“No es financieramente sano”, dijo.
“Una bendición disfrazada”
Zay Manning, ahora con 23 años, avanzó mucho más que otros solicitantes, aunque hasta recientemente, no estaba consciente de cuán lejos había avanzado.
El año pasado, semanas antes de que la pandemia de coronavirus llegara a Chicago, recibió una carta de la oficina del Procurador General solicitándole más información sobre sus facturas médicas.
“Querían todo, literalmente todo”, dijo. “Voy y vengo de los hospitales mientras aún estoy me sanando, sacándome puntos y grapas. Querían que guardara los papeles desde el momento en que me estaban haciendo la cirugía y básicamente toda mi situación hasta la fecha en que me dieron de alta”.
Manning hizo malabarismos para ir a docenas de visitas al hospital y aprender cómo caminar de nuevo después de sus lesiones. Dijo que le había tomado mucho esfuerzo contactar a las personas para obtener la información que necesitaba. “No logré llegar de nuevo a [la oficina del Procurador General] con suficiente tiempo”, dijo.
El proceso lo dejó frustrado y desilusionado. “Básicamente, es una cuestión de suerte”, dijo. Como resultado, por casi medio año, Manning y su madre, Natalie, creyeron que le habían negado su solicitud.
Fue hasta que un reportero hizo una búsqueda para encontrar su reclamación y encontró que la oficina del Procurador General la había marcado como un caso de “concedido sin paga” que se dieron cuenta que su solicitud todavía tenía un chance. Sólo necesita enviar más documentos de soportes.
“Simplemente, es confuso”, dijo Natalie Manning. “Necesitan tener mejor comunicación”.
Gran parte de la vida de Zay Manning desde el tiroteo se ha centrado en avanzar más allá del trauma. Como parte de su recuperación, comenzó a trabajar para ConTextos, una organización sin fines de lucro que ayuda a la juventud de Chicago a procesar el trauma contando historias.
Aún vive en Bronzeville, donde creció, un histórico vecindario de raza negra justo a una corta distancia del centro de la ciudad y cerca de las orillas del lago Michigan. Ahora, padre de un bebé de casi un año con mejillas cachetonas y suficiente cabello para nudos bantú, la oportunidad de recibir el reembolso brinda una pizca de esperanza.
Esta historia fue producida como un proyecto para el programa de becas del centro de periodismo de la salud USC Annenberg Center for HealthJournalism’s 2020 Data Fellowship.
